Las empresas también tienen su 'CSI': así investigan los fraudes de sus empleados

A estas alturas ya sabrá que algo realmente extraño ha ocurrido con las cuentas de Pescanova. De un día para otro, los 1.500 millones de euros de deuda financiera que reconocía la compañía se han duplicado como por arte de magia, obligando a la pesquera gallega a declararse en suspensión de pagos y comprometiendo de forma muy seria su supervivencia.

Parece que nadie acierta a explicar el fenómeno. Mientras el presidente de la compañía cuestiona la labor de la auditora, cuyo mandato ha sido revocado después de diez años, otro grupo de consejeros señala directamente al propio presidente, al que acusa de oscuras maniobras como vender parte de sus acciones sin dar cuenta a la CNMV o decidir la venta de filiales a espaldas del Consejo.

Para aclarar este enrevesado panorama, la empresa ha contratos los servicios del Área de Forensic de KPMG, lo que viene a ser poco más o menos como cuando el Departamento de Policía de turno acaba recurriendo al resolutivo equipo del agente Grissom para desentrañar las enigmáticas circunstancias de un crimen en la popular serie de televisión CSI.

Porque a un nivel de finanzas corporativas ese trabajo, precisamente, es el que hacen los expertos en Forensic.

Primero, supervisan minuciosamente el terreno, en este caso los estados financieros de una compañía. Después, utilizando los más sofisticados sistemas de investigación, detectan cualquier posible indicio de anormalidad, un movimiento extraño en las cuentas de la compañía, un apunte contable de díficil justificación, e identifican a los potenciales causantes.

Finalmente, siguen el hilo que les ofrece cada uno de estos indicios hasta llegar al final y aflorar el eventual fraude y su causante o causantes, siempre que la irregularidad existiera, claro.

Descubriendo el fraude corporativo

Y existe, vaya si existe. Según el estudio global sobre fraude correspondiente al año 2012 realizado por la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE, según sus siglas en inglés), las empresasperdieron el año pasado 3,5 billones de dólares (unos 2,8 billones de euros) como consecuencia de fraudes realizados por sus empleados.

No es sólo que su cuantía sea particularmente elevada, equivale a cerca de tres veces el PIB español, sino que causa un perjuicio extraordinario a las compañías que sufren el fraude, que pierden alrededor del 7% de sus ingresos anuales por esta clase de fenómenos.

La cuantía media de los fraudes aflorados es de 140.000 dólares (poco más de 100.000 euros), pero un alto porcentaje, superior al 20%, supera el millón de dólares, es decir, los 780.000 euros.

¿De qué tipo de irregularidades estamos hablando? Principalmente de malversación de capitales, es decir, de la apropiación irregular por parte de un empleado (en la mayoría de los casos, un directivo) de recursos que pertenecen a la empresa.

Según la ACFE, el 85% de los fraudes cometidos por empleados son malversaciones en sus diferentes modalidades.

Pero la tipología es más amplia: apropiación de existencias (por ejemplo, un empleado de supermercado que se lleva a casa la compra diaria sin pagar un euro), uso indebido de los activos (la utilización por parte de ejecutivos del avión privado de la compañía para uso personal o para su explotación comercial en beneficio propio), la explotación de activos protegidos por propiedad intelectual en beneficio propio o el diseño de estructuras piramidales para ocultar una estafa.

La propia tipología de los fraudes determina el perfil del defraudador. Porque el caso del empleado que sisa a la persona que le contrata no es el más común o, al menos, el que tiene mayor incidencia sobre las finanzas de la compañía.

Cuatro de cada cinco casos descubiertos fueron cometidos por empleados que desempeñaban su trabajo en las siguientes áreas: contabilidad, ventas, gestión, servicio al cliente, compras u operaciones.

En este último ámbito se enmarcan los fraudes asociados a inversiones financieras, probablemente el caso más paradigmático de esta crisis.

Otros datos curiosos: el 87% de los defraudadores no tenía ningún tipo de antecedente en estas prácticas, si bien el 91% reincidió en la comisión de esta clase de irregularidades. Vamos, que cuando uno lo prueba debe descubrir que es bastante sencillo engañar a la empresa que te contrata.

El informe de ACFE contabilizó más de medio millar de casos de fraudes cometidos por empleados, principalmente de grandes corporaciones, en 2012, de los cuales apenas cinco se dieron en España, aunque no los precisa.

El Área de Forensic de KPMG señala que cada año suele trabajar en alrededor de medio centenar de casos en España con una perfil sectorial poco sorprendente: sector inmobiliario, sector financiero, sector energético y también telecomunicaciones.

Crimen ¿y castigo?

Los expertos en Forensic aseguran que son muy marginales los casos en que se les contrata y la investigación no da como resultado el descubrimiento de alguna irregularidad interna. Otra cosa es la forma en que la compañía decida gestionar el escándalo.

"Hay varias salidas", aseguran en KPMG. "Se puede optar por resolver el asunto discretamente, a nivel interno, o bien por acudir a los tribunales porque se entienda que es allí donde se debe sustanciar el caso. Aquí cabe la vía estrictamente laboral, el despido procedente; la vía mercantil o incluso, en los casos más graves, se puede acudir a la vía penal".

El informe de ACFE asegura que en dos de cada tres casos los fraudes aflorados acaba en la Justicia, si bien, entre éstos, son una minoría los que no se resuelven con un acuerdo previo: 16%.

Un tercio de las empresas optan, sin embargo, por resolverlo sin ruido,lavando los trapos sucios en casa. ¿Por qué? En la mayoría de los casos, porque los Consejos de Administración temen la mala imagen de la compañía que puede dar el escándalo.

Pero hay otras motivaciones: porque se entiende que la aplicación del régimen disciplinario interno es suficiente, porque se llega a un acuerdo bilateral con el culpable, porque podría resultar demasiado costoso económicamente y, en el peor de los casos, porque el tipo que cometió el fraude simplemente desapareció.

Esa discreción tiene, no obstante, límites: los que impone la ley.

Ésta obliga en España, por ejemplo, tanto a la compañía afectada como al grupo de Forensic a reportar a la Administración cualquier información de la que tengan conocimiento sobre blanqueo de capitales, evasión de impuestos o sobornos a funcionarios, que pueden fácilmente aflorar en estas investigaciones.

Por la delicadeza de la información que se obtiene en estas investigaciones, que puede afectar a la cotización de los títulos en el caso de las empresas cotizadas, sorprende que la legislación española no obligue a las compañías que soliciten servicios de Forensic a comunicarlo a la CNMV.

Sí lo hizo Pescanova, pero por iniciativa propia no porque tuviera una obligación legal.

Esta tercera parte de casos en que no se acude a una solución legal resulta particularmente llamativa, principalmente porque según los datos de la Asociación de Investigadores Certificados de Fraude entre el 40% y el 50% de las compañías que sufren un fraude no recuperan el dinero.//  La información